La información me la envía un testigo de los que se presentaron en Suiza para certificar que los llamados “Bonos de Bandagro” son reales, deben pagarse y provocarían un fallo del Procurador General de los Estados Unidos obligando a Venezuela a tranzarse con los deudores tras las múltiples escaramuzas que en más de treinta años han hecho los diferentes gobiernos venezolanos alegando su falsedad.
Un grupo de juristas consultados estima que durante este mes se producirá la presentación de la opinión del Procurador General de Estados Unidos, Douglas Verrilli con respecto a la decisión de si la Corte Suprema de USA debe revisar o no el fallo unánime de 23 jueces de la Corte Sexta de Apelaciones de Cincinnati, Ohio, la cual reafirmó la decisión de la Corte Federal del Sur de Ohio en otorgar la jurisdicción del caso de los llamados “Bonos de Bandagro” a la ciudad de Ohio. Las apuestas están a favor de que el Procurador General le recomiende a la Corte Suprema no revisar esta decisión unánime de la Corte de Apelaciones, porque la decisión de ambas Corte -Federal y de Apelaciones- están muy bien sustentadas.
Si es favorable a los reclamantes regresará a la Corte Federal de Ohio para entrar en meritos y el Gobierno de Venezuela se verá en la necesidad de pensar en una mediación si no quiere quedar como “confeso de cometer fraude y perjurio”, llegando inclusive a ser acusado de conspirar contra el sistema de justicia americano.
Las evidencias, según lo que alegan los demandantes más importantes, serían claras:
a) la emisión del segundo dictamen el cual presentan como revocación del primer dictamen, versa alevosamente sobre Notas Promisorias totalmente diferentes a las reclamadas por los demandantes en este juicio;
b) la evidencia irrefutable de que el segundo dictamen nunca fue emitido en la fecha que alega el Estado venezolano;
c) legalmente, el segundo dictamen no tiene asidero jurídico en nuestra propia legislatura;
d) la interpretación del TSJ que presentaron a la Corte Federal es totalmente fraudulenta ya que al Juez Arcadio Delgado “lo sorprendieron en su buena fe cuando Marisol Plaza y Gladys Gutiérrez, ex procuradoras responsables de este oprobio – alevosamente lo solicitaron para inducir al Juez Federal a tomar una decisión injusta contra los reclamantes – no le presentaron los expedientes administrativos que yacían y yacen el la propia Procuraduría General y en el Ministerio de Finanzas, lo cual sin dudas hubiese producido una interpretación del articulo 247 de la Constitución totalmente distinta. Por ello que el primer Dictamen sería vinculante, de obligatorio cumplimiento e inapelable, ya que él mismo si se solicitó bajo el Procedimiento Administrativo contemplado en la Ley de la Procuraduría General de la Republica, para ese entonces, a la misma Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional lo cual deja sin ningún valor jurídico el alegato de que el primer dictamen se hizo en base a una consulta inter administrativa entre el Ministerio de Finanzas y la PGR .
e) la semana pasada se introdujeron unas declaraciones juradas de testigos (de ciudadanía extranjera) bajo la “protección de testigos” -contemplada en el nuevo Código Penal Suizo- al Fiscal de Lugano, por el representante de TRIAD FFC SpA.
Los testigos afirmaron bajo juramento que estuvieron presentes cuando Waldemar Cordero Vale, Elbano Fontana Nieves y Pascual Puigbo Morales emitieron y firmaron las Notas Promisorias, lo que prácticamente desvirtúa el único alegato del Estado venezolano de que “nunca se emitieron las Notas Promisorias” reclamadas por TRIAD FFC, SKYE Vetures LLD, Venospa LLD y Woodstrite LLD.
Con esta expectativa -nos señala la fuente- ya hay inversionistas esperando tomar posiciones pues cada dólar invertido teóricamente tendría un valor hoy de US$ 10.
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