El enfermo, entonces con 56 años de edad y víctima de un agresivo cáncer por el que estaba recluido en el hospital público Puerta de Hierro de Madrid, fue sometido a una tomografía por contraste y murió por una reacción alérgica.
La familia denunció que no había sido informada de los riesgos de la prueba ni se habían adoptado medidas para prevenir la alergia.
El caso quedó pendiente entonces porque el hospital presentó un documento de consentimiento informado según el cual el fallecido había autorizado ser sometido a la prueba, pero casi siete años después se conoce que la firma era falsa.
Ese hospital incurrió en una práctica gravísima como es falsificar un documento que supuestamente firmó la víctima para eludir sus responsabilidades, denunció Rafael Martín Bueno, abogado que la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias.
Un portavoz del hospital declinó ofrecer su versión sobre la sentencia. La familia de la víctima será indemnizada. La ley reconoce a los pacientes el derecho a ser informados de la utilidad y riesgos de los actos médicos a los que van a ser sometidos.
La alergia al yodo fue la causa de la muerte, aunque la sentencia, basándose en un informe pericial, sostiene que la prueba era adecuada y necesaria pues el paciente presentaba un empeoramiento que requería un diagnóstico diferencial para un correcto tratamiento.
Por ello y otros antecedentes, los jueces no cuestionan la actuación de los médicos sobre la conveniencia de realizar o no la prueba.
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